El acuerdo alcanzado en la sesión nocturna del 26 de octubre desbloquea la posición negociadora parcial de los ministros. La financiación, la reducción progresiva y los topes de las ayudas siguen sujetos a la negociación presupuestaria. España reclama una transición ordenada, protección para las cooperativas y mayor reconocimiento del regadío.

El Consejo de Agricultura de la Unión Europea cerró el 26 de octubre en Luxemburgo una orientación general parcial sobre la PAC posterior a 2027, después de una jornada en la que las diferencias entre los Estados miembros habían impedido un acuerdo inicial. La Presidencia irlandesa, encabezada por el ministro Martin Heydon, modificó el texto de compromiso y consiguió el respaldo necesario en la sesión de noche.

El resultado fija la posición del Consejo para negociar el reglamento con el Parlamento Europeo. No supone la aprobación definitiva de la futura PAC ni cierra su dotación económica. El carácter parcial del acuerdo es decisivo para entender su alcance: las cuestiones financieras y horizontales se resolverán en las negociaciones del marco financiero plurianual de la UE para 2028-2034.

Del desacuerdo inicial al compromiso nocturno

La primera ronda de intervenciones dejó al descubierto diferencias sobre los beneficiarios de las ayudas, la flexibilidad nacional, la gestión de riesgos y los requisitos medioambientales y sociales. Heydon reconoció entonces la falta de apoyo suficiente al texto. La comunicación de Farm Europe describe ese momento previo al desenlace, cuando las conversaciones seguían abiertas y se anunciaban consultas bilaterales.

El comisario de Agricultura, Christoph Hansen, defendió mantener el carácter común de la PAC y advirtió de que una flexibilidad excesiva podía debilitar la igualdad de condiciones entre agricultores. Reclamó una definición clara de agricultor activo, defendió la obligatoriedad europea de la reducción progresiva y el límite máximo de las ayudas y pidió preservar la ambición ambiental y la condicionalidad social. Estas fueron posiciones de la Comisión durante el debate; no todas quedaron resueltas en el acuerdo parcial.

Para acercar posiciones, la Presidencia incorpor estos cambios: la posibilidad de conceder ayudas nacionales transitorias, disposiciones sobre el tratamiento de grupos de agricultores bajo determinadas estructuras jurídicas y mayor flexibilidad y garantías en relación con las tierras a disposición del agricultor. También se incluyeron ajustes administrativos, la posibilidad de efectuar pagos a seguros o mutualidades en nombre de los agricultores y una aclaración sobre ayudas asociadas a determinadas especies oleaginosas.

Una nueva estructura con la financiación abierta

El comunicado del Consejo sitúa la reforma en la propuesta de agrupar los fondos europeos, incluida la ayuda de la PAC, en planes de colaboración nacionales y regionales. Cada Estado miembro elaboraría un plan integral que sustituiría a programas actualmente separados de agricultura, cohesión, pesca y otros ámbitos. En ese marco propuesto, los dos fondos que sostienen los pilares de la PAC se integrarían en una única estructura, manteniendo sus herramientas e intervenciones.

La Comisión ha propuesto reservar alrededor de 300.000 millones de euros para el apoyo a los ingresos y las medidas de crisis de la PAC, con financiación adicional disponible a través de los planes nacionales y regionales. Esa cifra es una propuesta, no una dotación definitivamente acordada. El importe final reservado a los agricultores dependerá del pacto sobre el conjunto del presupuesto europeo.

La posición del Consejo mantiene la línea general de la propuesta de la Comisión, con cambios destinados a combinar un marco común europeo con margen para las circunstancias nacionales y regionales. Las normas sobre la reducción progresiva y los límites máximos de la ayuda a la renta por superficie también se concretarán más adelante, dentro de los debates horizontales del marco financiero plurianual.

Farm Europe estima una pérdida de renta de 72 euros por hectárea en España

La falta de un presupuesto acordado centra también el análisis publicado por Farm Europe el 26 de octubre, antes del acuerdo del Consejo. La entidad cuestiona que los ministros definan la reforma sin conocer los recursos disponibles y estima que el presupuesto propuesto por la Comisión, junto con su clave de reparto entre países, se traduciría en una renta agraria media por hectárea 94 euros inferior en la UE para 2035. Para España, la caída proyectada sería de 72 euros por hectárea.

Por países, las reducciones de renta agraria proyectadas para 2035 serían de 169 euros por hectárea en Grecia; 156 en Países Bajos; 143 en Francia; 113 en Italia; 87 en Polonia y Chequia; 77 en Alemania; 72 en España y Bulgaria; 71 en Eslovaquia; y 65 en Rumanía, Finlandia y Suecia.

Se trata de una estimación de Farm Europe sobre la evolución de la renta agraria bajo ese escenario, no de una reducción uniforme de las ayudas por hectárea ni de una pérdida ya aprobada. El análisis señala que incorpora las ganancias de productividad esperadas de las nuevas técnicas genómicas y de inversiones como la digitalización, dentro de la capacidad inversora que conserven las explotaciones. También presupone una UE de 27 Estados miembros, sin ampliación y sin nuevas crisis internacionales.

Farm Europe considera insuficiente la posibilidad de movilizar 45.000 millones de euros de la reserva de los planes nacionales y regionales para la PAC y sus medidas financieras. Según sus cálculos, esa vía aliviaría la pérdida entre un 7 % y un 40 %, dependiendo del país. La entidad advierte de que las propuestas podrían provocar una fuerte reestructuración del sector y una caída de la producción agraria europea.

Ayudas a agricultores activos y apoyo al relevo generacional

El futuro régimen de ayuda degresiva a la renta basada en la superficie, conocido por sus siglas DABIS, pretende simplificar los pagos y orientar mejor el apoyo. El Consejo ha incorporado la opción de que los Estados miembros apliquen un mecanismo redistributivo similar al existente en la PAC actual. La definición de agricultor activo sería obligatoria, aunque los países conservarían flexibilidad para adaptarla a sus circunstancias.

El relevo generacional ocupa otro lugar destacado en la posición negociadora. Los Estados miembros tendrían que ofrecer una ayuda DABIS más elevada a los jóvenes agricultores y apoyo para la creación de sus explotaciones. También deberían establecer una estrategia de renovación generacional y un paquete de ayuda inicial, complementados con formación, asesoramiento y acceso al conocimiento.

El comunicado recoge asimismo la posibilidad de crear servicios de sustitución para facilitar que los agricultores dispongan de trabajadores que les releven durante enfermedades o ausencias por maternidad y cuidado de los hijos. En desarrollo rural, se mantiene el apoyo a iniciativas de diversificación, agroturismo, innovación y digitalización, especialmente en territorios con desventajas específicas.

Las prioridades que España llevó a la negociación

Luis Planas pidió medidas transitorias para que la eliminación del sistema de derechos de pago permitiera una adaptación progresiva. Entre las opciones planteadas figuraban limitar el número de hectáreas admisibles o prorrogar el sistema actual un año más, hasta 2029. Son propuestas defendidas por España en el debate, sin que las fuentes permitan presentarlas como decisiones finales ya incorporadas al conjunto de la reforma.

España también solicitó aclarar el tratamiento de cooperativas y otras personas jurídicas al aplicar la reducción y los topes de las ayudas, para evitar que sus agricultores quedaran penalizados por la estructura jurídica. Las modificaciones presentadas al final de la jornada incluyeron una disposición sobre grupos de agricultores, aunque la concreción general de los límites sigue pendiente de la negociación presupuestaria.

En el régimen para pequeños agricultores, Planas reclamó flexibilidad en los umbrales para facilitar la simplificación. De acuerdo con las cifras expuestas por el ministro, un umbral de 3.000 euros alcanzaría al 60 % de los perceptores y uno de 5.000 euros al 70 %. Grecia también pidió elevar el umbral a 5.000 euros. Estas cantidades corresponden a las intervenciones de los ministros y no deben confundirse con un umbral final aprobado.

Planas defendió además mantener la condicionalidad social y laboral y reclamó una referencia expresa al regadío en el texto de la PAC. Su planteamiento vincula las inversiones hídricas con la adaptación al cambio climático y una mayor eficiencia en el uso del agua.

Riesgos climáticos y costes de producción

La posición del Consejo prevé apoyar herramientas de gestión de riesgos, incluidos seguros e inversiones de mitigación y adaptación climática. También permitiría conceder ayudas de emergencia por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y acontecimientos catastróficos, incluidas enfermedades animales y vegetales. El marco ambiental combina requisitos comunes para recibir ayudas con incentivos a prácticas de protección de la biodiversidad y de los cursos de agua.

Durante las discusiones, Italia reclamó instrumentos más sólidos y planteó destinar el 3 % de los pagos directos a un fondo nacional que pudiera activarse ante crisis. Farm Europe recoge esta petición junto con las demandas de financiación suficiente para responder a perturbaciones comerciales y climáticas. Se trata de una propuesta italiana durante la negociación, no de una obligación general aprobada por el Consejo.

El agua fue una preocupación compartida. Francia y Portugal promovieron una iniciativa de apoyo a la adaptación de la agricultura al cambio climático, respaldada por España. Las intervenciones abordaron la sequía, el regadío y la protección frente a inundaciones. Hansen defendió las inversiones preventivas y advirtió contra el debilitamiento de las salvaguardias ambientales y de la gestión de riesgos.

En los asuntos varios, Italia pidió ayudas temporales excepcionales del FEADER frente al aumento de los costes agrícolas, con especial atención a los combustibles y los fertilizantes. La iniciativa recibió apoyos de varias delegaciones. España expresó su respaldo a las iniciativas que permitan aumentar los fondos disponibles para los agricultores ante el encarecimiento de los insumos. La documentación da cuenta de la petición y de los apoyos, sin recoger la aprobación de una nueva ayuda concreta.

Simplificación y protección de la cadena alimentaria

La jornada incluyó la presentación del informe anual de 2026 sobre simplificación, aplicación y cumplimiento de la normativa agrícola. La Comisión explicó sus trabajos en auditorías, seguros y producción ecológica, mientras España defendió controles proporcionados, previsibles y basados en el riesgo. Planas destacó la monitorización de superficies y las fotografías georreferenciadas como herramientas para reducir las inspecciones físicas.

Los ministros abordaron también las prácticas comerciales desleales, a iniciativa de Eslovaquia. España reclamó una protección europea más firme para los operadores con menor capacidad negociadora y coherencia entre la futura directiva y la legislación española de la cadena alimentaria. En sanidad vegetal, el debate sobre Xylella fastidiosa en la región vitícola de Mosella, en Luxemburgo, dio pie a reclamar financiación adecuada para la vigilancia y el control de plagas.

El acuerdo nocturno permite avanzar hacia la negociación con el Parlamento Europeo cuando este fije su posición. Para las explotaciones, siguen abiertas cuestiones centrales: cuánto dinero tendrá la PAC, cómo se distribuirá y qué límites se aplicarán. La orientación parcial establece una base de negociación, pero las condiciones definitivas de las ayudas dependerán del resultado legislativo y del acuerdo presupuestario para 2028-2034.

Fuente del análisis de renta agraria

Farm Europe. «Agriculture Council & CAP: Facing up to reality!», 26 de octubre de 2026. https://www.farm-europe.eu/news/agriculture-council-cap-facing-up-to-reality/